El abogado Jorge Monastersky presentó este viernes una denuncia ante la Justicia Federal solicitando una investigación sobre estructuras extranjeras de injerencia informativa en Argentina. La presentación judicial apunta a una presunta red asociada a la Federación de Rusia que tendría como objetivo influir en el debate público y el funcionamiento de las instituciones democráticas nacionales.
El rol de la Secretaría de Inteligencia de Estado
La causa cobró impulso tras un comunicado oficial de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), fechado el 2 de abril de 2026. Según el organismo, se detectaron actividades de una organización denominada “La Compañía”, integrada por ciudadanos rusos y financiada con recursos internacionales. Monastersky sostiene que este informe desplaza el caso del plano periodístico al institucional, otorgándole una "verosimilitud inmediata".
La denuncia resalta que esta estructura habría producido aproximadamente 250 artículos periodísticos diseñados para modular el debate social. Según las investigaciones recopiladas, la red operaba mediante presuntos pagos a editores y periodistas para filtrar publicaciones en diversos medios sin el conocimiento de las empresas de comunicación.
Riesgo para el sistema democrático
El escrito advierte sobre el peligro que estas operaciones de desinformación coordinada representan para la “formación de la voluntad del electorado”. El denunciante enfatiza que la presencia de financiamiento extranjero para manipular la opinión pública no es una simple dinámica comunicacional, sino una amenaza directa a la integridad del sistema democrático argentino bajo la Ley de Inteligencia Nacional.
"La información deja de ser meramente periodística para adquirir un grado de verosimilitud institucional", subraya el documento entregado al juzgado. La Justicia deberá determinar si existió una participación consciente de los involucrados o si profesionales de la comunicación fueron inducidos al error sobre el origen de los materiales difundidos.
Medidas y peritajes solicitados
Entre las medidas propuestas, se destaca el pedido de intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para rastrear movimientos financieros relevantes y la identificación de intermediarios. Asimismo, se solicitó un análisis técnico de patrones de difusión digital a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DATIP).
El letrado también instó a la Justicia a iniciar procesos de cooperación internacional y consultar a plataformas digitales para esclarecer el alcance de la red. El objetivo final es preservar los intereses estratégicos del país frente a la injerencia de potencias extranjeras en el entorno mediático local.
