La maquinaria judicial de la República Islámica no detiene su marcha. Este domingo, la agencia oficial Mizan confirmó la ejecución de Mohamad-Amin Biglari y Shahin Vahedparast, quienes habían sido sentenciados por la Corte Suprema bajo cargos de actuar como agentes extranjeros durante las movilizaciones sociales de enero.
Persecución y conflicto regional
Desde que se intensificaron las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes el pasado 28 de marzo, el gobierno persa ha acelerado los procesos de ejecución. El foco principal de la represión se ha centrado en individuos vinculados a las protestas y, especialmente, en miembros de la organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (MEK), grupo que Teherán califica como terrorista.
La cronología de ejecuciones en los últimos días es alarmante:
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Domingo: Ahorcamiento de Biglari y Vahedparast por presunto espionaje.
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Sábado: Ejecución de dos integrantes del MEK.
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Jueves: Un joven de tan solo 18 años fue llevado a la horca acusado de colaborar con potencias extranjeras.
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Semana previa: Otros cuatro miembros de la oposición fueron ejecutados por motivos similares.
Cifras de la represión
La brecha entre los datos oficiales y los reportes de organismos internacionales continúa ensanchándose. Mientras que el régimen iraní reconoce poco más de 3.000 muertes vinculadas a las protestas, organizaciones no gubernamentales como Human Rights Activists News Agency (Hrana) elevan la cifra de víctimas fatales a más de 7.000 personas.
Expertos internacionales advierten que el uso de la pena de muerte se ha transformado en una herramienta de control social para disuadir cualquier intento de levantamiento interno, en un momento donde el país enfrenta una presión externa sin precedentes por el cierre del Estrecho de Ormuz y el conflicto bélico en curso.
